Naciones Unidas alerta de que 2.800 millones de personas viven sin condiciones adecuadas de vivienda

Una crisis habitacional que afecta a miles de millones de personas

Según los datos difundidos por la organización internacional, más de 2.800 millones de personas en el mundo sufren alguna forma de precariedad o inadecuación de sus viviendas. De ellas, aproximadamente 1.100 millones residen en asentamientos informales o barrios marginales, mientras que más de 300 millones carecen de un hogar. Estas cifras reflejan una realidad que no se limita a la ausencia de alojamiento, sino que también incluye viviendas inseguras, hacinamiento, dificultades para afrontar el alquiler y falta de acceso a servicios básicos.

La organización advierte de que los problemas habitacionales afectan especialmente a quienes ya se encuentran en situaciones de pobreza o exclusión social. Entre los colectivos más expuestos figuran las mujeres, los menores, las personas mayores, las personas con discapacidad, los migrantes y los refugiados. Para estas poblaciones, la ausencia de un hogar adecuado puede dificultar el acceso a la educación, la atención sanitaria, el empleo y la participación en la comunidad, aumentando las desigualdades y reduciendo sus oportunidades de autonomía.

La vivienda como derecho humano y garantía de inclusión

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido de que los alquileres inasequibles, la inseguridad en la tenencia y la falta de alojamiento pueden agravar las situaciones de pobreza y generar consecuencias que se prolonguen durante generaciones. En su mensaje con motivo de esta jornada, ha reclamado viviendas asequibles, servicios esenciales, empleo digno y sistemas de protección social capaces de evitar que las dificultades económicas desemboquen en una pérdida del hogar.

La accesibilidad constituye otro aspecto fundamental de este derecho. Para las personas con discapacidad o movilidad reducida, disponer de una vivienda no siempre significa contar con un espacio habitable en condiciones de igualdad. Las barreras arquitectónicas, la falta de ascensores, los baños no adaptados y la ausencia de apoyos pueden limitar la independencia personal. Desde esta perspectiva, garantizar una vivienda adecuada también exige incorporar criterios de diseño universal, accesibilidad y adaptación a las necesidades individuales.

Participación de las personas afectadas y responsabilidad institucional

La campaña internacional de 2026 forma parte del programa de Naciones Unidas para el período 2026-2028, desarrollado bajo el lema general «Unidos por la paz y los derechos humanos». Entre sus propuestas destaca la participación directa de las personas que viven en situación de pobreza en el diseño y evaluación de las políticas de vivienda. La organización considera necesario que quienes experimentan estas dificultades puedan intervenir en las decisiones que afectan a sus condiciones de vida, junto con las administraciones públicas y las entidades sociales.

La Declaración Política de Doha, adoptada en 2025 durante la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, también recoge compromisos relacionados con la erradicación de la pobreza, la igualdad y el acceso a condiciones de vida adecuadas. En este marco, Naciones Unidas plantea reforzar la financiación y la cooperación internacional para mejorar los sistemas de protección, ampliar la oferta de viviendas asequibles y garantizar servicios esenciales como el agua potable y el saneamiento.

Un compromiso para avanzar hacia viviendas dignas y accesibles

La conmemoración del 17 de octubre recuerda que la pobreza no se mide exclusivamente por los ingresos económicos, sino también por las posibilidades reales de ejercer derechos fundamentales. Contar con una vivienda segura influye en la salud, la estabilidad familiar, el desarrollo educativo y la participación social. Naciones Unidas insiste en que las políticas habitacionales deben prestar especial atención a las personas con mayores dificultades y traducir los compromisos internacionales en actuaciones concretas que favorezcan la autonomía, la inclusión y la igualdad de oportunidades.