Día Mundial de la Salud Mental: la OMS exige escuchar a las personas afectadas y transformar la atención psiquiátrica

La salud mental vuelve a ocupar la agenda internacional con una reivindicación que va más allá de la asistencia sanitaria: las personas que han experimentado problemas de salud mental deben tener voz propia y capacidad real para participar en las decisiones sobre los tratamientos, los servicios y las políticas públicas que condicionan su vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dedica el Día Mundial de la Salud Mental 2026 al lema «Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real», una campaña que sitúa la participación, la autonomía y los derechos humanos en el centro de la transformación de los sistemas de atención.

La organización advierte de que escuchar testimonios no es suficiente si las personas afectadas continúan excluidas de los órganos donde se diseñan los servicios, se distribuyen los recursos o se adoptan decisiones sobre su atención.

El llamamiento coincide con la publicación, el 9 de octubre, de una nueva guía internacional para impulsar la desinstitucionalización psiquiátrica y sustituir progresivamente las estancias prolongadas en hospitales por servicios de salud mental integrados en la comunidad.

En España, esta orientación no parte de cero. El Sistema Nacional de Salud dispone de una estrategia específica para el periodo 2022-2026 y de un Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027. Sin embargo, la existencia de estos instrumentos no significa que todas las personas puedan acceder en las mismas condiciones a los apoyos que necesitan.

La OMS advierte de que las personas afectadas siguen teniendo poca capacidad de decisión

Los datos internacionales muestran que la participación efectiva continúa siendo una asignatura pendiente.

Según la información recogida en el Atlas de Salud Mental 2024 de la OMS, únicamente el 45 % de los países que respondieron a la encuesta comunicó que colaboraba con personas con experiencia vivida y organizaciones de familiares o cuidadores en la planificación, prestación o seguimiento de los servicios de salud mental.

El 37 % declaró haber incorporado a personas con experiencia propia en la formación de profesionales de atención primaria, mientras que el 59 % señaló que había consultado a estas personas durante la elaboración de legislación relacionada con la salud mental.

Aunque el 80 % de los países que disponían de políticas o planes específicos afirmó haber contado con su participación durante el diseño, la OMS insiste en que una consulta puntual no equivale a una intervención real y continuada.

La diferencia es fundamental. Participar no significa únicamente contar una experiencia personal ante responsables institucionales, sino poder influir en las decisiones, intervenir en la evaluación de los servicios y contribuir a modificar aquello que no funciona.

Este planteamiento conecta directamente con el principio de participación de las personas con discapacidad en las decisiones que les afectan, reconocido por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De los hospitales psiquiátricos a la atención comunitaria

La nueva guía de la OMS propone reducir la dependencia de los hospitales psiquiátricos de larga estancia y desarrollar alternativas que permitan a las personas recibir atención sin quedar separadas de su entorno familiar, social y comunitario.

El organismo internacional recuerda que numerosas personas permanecen durante meses o años en instituciones psiquiátricas, en ocasiones mediante ingresos involuntarios, con consecuencias que pueden afectar a su autonomía, sus relaciones personales y su participación social.

Según los datos internacionales publicados por la organización, solo el 9 % de los países que facilitaron información ha completado la transición hacia modelos comunitarios de salud mental. El 53 % continúa en las primeras etapas de este proceso.

Además, aproximadamente el 49 % de los ingresos psiquiátricos notificados son involuntarios y el 23 % de las estancias hospitalarias supera un año.

Estas cifras reflejan una realidad internacional y no deben interpretarse como porcentajes correspondientes específicamente a España.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que las personas no deberían verse obligadas a renunciar a su libertad, dignidad o lugar en la comunidad para recibir apoyo continuado en salud mental.

La desinstitucionalización no implica eliminar la atención hospitalaria cuando resulte necesaria. Supone evitar que el ingreso prolongado se convierta en la única respuesta disponible ante situaciones que requieren tratamientos, acompañamiento social, vivienda o apoyos continuados.

Para conseguirlo, la OMS considera imprescindible desarrollar recursos comunitarios, garantizar la continuidad asistencial y coordinar los servicios sanitarios con los sistemas de protección social.

¿Cómo funciona la atención comunitaria de salud mental en España?

España cuenta desde hace décadas con un modelo de atención psiquiátrica orientado hacia la comunidad, impulsado especialmente a partir de la reforma sanitaria de los años ochenta.

La Ley General de Sanidad de 1986 estableció la integración de la atención a la salud mental en el sistema sanitario general y promovió la reducción de la hospitalización psiquiátrica prolongada, así como el desarrollo de recursos ambulatorios y comunitarios.

En la práctica, la atención pública comienza habitualmente en los centros de salud, donde los profesionales de atención primaria pueden realizar una primera valoración, ofrecer seguimiento o derivar a servicios especializados.

Los centros o unidades de salud mental comunitaria proporcionan atención especializada mediante equipos que pueden incluir profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería de salud mental y trabajo social, según la organización y los recursos disponibles en cada territorio.

Cuando una persona necesita una atención más intensiva, el sistema dispone de unidades de hospitalización psiquiátrica, hospitales de día y otros dispositivos asistenciales.

También existen programas de rehabilitación psicosocial, centros de día, equipos de seguimiento comunitario, recursos residenciales supervisados y servicios de apoyo a la integración social y laboral.

Sin embargo, estos recursos no tienen una distribución uniforme en todo el territorio español.

La organización sanitaria corresponde principalmente a las comunidades autónomas, mientras que muchos servicios sociales dependen de administraciones autonómicas, locales o de entidades colaboradoras.

Esta distribución de competencias exige una coordinación efectiva entre diferentes organismos para evitar que las personas queden sin apoyo cuando finaliza un ingreso hospitalario o cuando necesitan simultáneamente atención sanitaria, vivienda, acompañamiento y protección social.

España dispone de una estrategia nacional, pero su aplicación requiere recursos

La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 establece entre sus prioridades la atención comunitaria, el respeto a los derechos humanos, la prevención, la recuperación y la participación de las personas afectadas.

Su desarrollo se articula mediante planes de acción y actuaciones que deben ejecutarse en colaboración con las comunidades autónomas.

El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 incorpora medidas dirigidas al fortalecimiento de los recursos humanos, la mejora de la atención comunitaria, la desinstitucionalización y el desarrollo de prácticas asistenciales respetuosas con la autonomía de las personas.

También contempla actuaciones específicas relacionadas con la salud mental infantil y adolescente, la atención perinatal y otros ámbitos que requieren respuestas adaptadas.

El objetivo declarado es avanzar hacia un sistema que no se limite a intervenir durante las crisis, sino que proporcione acompañamiento, prevención y continuidad asistencial.

No obstante, para valorar los resultados de estas políticas es necesario comprobar qué servicios se han creado o reforzado, cuántas personas pueden acceder a ellos, qué profesionales los integran y qué mecanismos de participación se han establecido.

La aprobación de una estrategia representa un compromiso institucional, pero no constituye por sí sola una garantía de acceso efectivo a los servicios.

Más de 56 millones de euros para salud mental y prevención del suicidio en 2026

El Ministerio de Sanidad anunció el 22 de mayo de 2026 la aprobación de los criterios de reparto de los fondos destinados a actuaciones de salud mental y prevención del suicidio.

La financiación prevista asciende a 56,83 millones de euros, distribuidos entre dos grandes líneas de actuación: 39 millones de euros para desarrollar medidas del Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones de euros para actuaciones vinculadas al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.

Según el Ministerio, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria deben presentar memorias técnicas y económicas para acceder a estos fondos, incorporando criterios relacionados con los derechos humanos, la equidad y la orientación comunitaria.

Entre las iniciativas financiables se encuentran el fortalecimiento de centros de día, los equipos móviles de atención comunitaria, los programas de hospitalización domiciliaria y las intervenciones desarrolladas en barrios y entornos sociales.

Sanidad también contempla la participación de personas expertas por experiencia propia en los equipos responsables de los proyectos como uno de los criterios de excelencia.

Este último aspecto conecta directamente con la reivindicación de la OMS: reconocer que quienes han utilizado los servicios de salud mental pueden aportar conocimientos fundamentales para mejorar su funcionamiento.

Sin embargo, la financiación anunciada y la aprobación de criterios de reparto no permiten concluir automáticamente que todos los proyectos estén ejecutados o que los recursos hayan llegado por igual a todos los territorios.

El seguimiento de estas inversiones resulta esencial para determinar si las medidas se traducen en mejoras concretas para la ciudadanía.

La desigualdad territorial y la coordinación de servicios, dos desafíos fundamentales

La estructura descentralizada del Sistema Nacional de Salud permite adaptar los recursos a las necesidades de cada comunidad autónoma, pero también plantea dificultades para garantizar una atención homogénea.

La disponibilidad de profesionales especializados, la existencia de equipos comunitarios, la accesibilidad de los centros y los mecanismos de coordinación con los servicios sociales pueden variar según el territorio.

Para una persona con problemas graves de salud mental, estas diferencias pueden resultar especialmente relevantes cuando necesita apoyos prolongados, seguimiento domiciliario o recursos que faciliten su vida independiente.

El problema no se limita a recibir una consulta médica o psicológica.

Una atención comunitaria efectiva también puede requerir vivienda adecuada, acompañamiento para realizar actividades cotidianas, oportunidades laborales, apoyo familiar y medidas contra la discriminación.

Sin estas condiciones, una persona puede recibir tratamiento sanitario y continuar encontrando obstáculos importantes para participar plenamente en la sociedad.

La OMS insiste precisamente en que los hospitales no pueden desarrollar por sí solos la desinstitucionalización. La transición exige la implicación de los servicios sociales, las administraciones responsables de vivienda, el sistema educativo y las políticas de empleo.

En España, este planteamiento obliga a reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y a evaluar la continuidad de los apoyos más allá del ámbito estrictamente sanitario.

La desinstitucionalización también forma parte de las políticas sociales españolas

Además de los planes sanitarios, España aprobó la Estrategia Estatal para un Nuevo Modelo de Cuidados en la Comunidad 2024-2030, orientada a favorecer que las personas que necesitan apoyos puedan desarrollar sus proyectos de vida en su entorno habitual.

Esta estrategia aborda la transformación de los cuidados de larga duración y promueve alternativas a los modelos institucionales, incluyendo a diferentes colectivos que requieren apoyos para ejercer su autonomía.

Aunque su ámbito es más amplio que la salud mental, comparte con las recomendaciones de la OMS la necesidad de avanzar hacia servicios personalizados, participación social y apoyos comunitarios.

La relación entre ambas políticas es especialmente importante para las personas con discapacidad psicosocial o con necesidades complejas de atención, que pueden depender simultáneamente de recursos sanitarios y sociales.

El éxito de la transformación no puede medirse únicamente por la reducción de plazas institucionales.

También debe evaluarse si existen alternativas suficientes, si las personas pueden elegir dónde y con quién vivir, si reciben los apoyos necesarios y si se respetan sus derechos durante todo el proceso.

El consentimiento, la autonomía y los derechos humanos

La transformación de los servicios de salud mental también plantea cuestiones relacionadas con el consentimiento informado, las medidas coercitivas y la capacidad de las personas para participar en las decisiones sobre sus tratamientos.

En España, la Ley 41/2002 regula la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Por su parte, el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece el procedimiento judicial aplicable al internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico cuando la persona no está en condiciones de decidirlo por sí misma.

Este marco debe analizarse también a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce principios fundamentales relacionados con la igualdad, la libertad, la capacidad jurídica y la participación en la comunidad.

La existencia de mecanismos legales para determinadas intervenciones no elimina la necesidad de examinar su proporcionalidad, las garantías aplicables y las alternativas menos restrictivas.

El debate internacional sobre la salud mental reclama precisamente que las decisiones clínicas y organizativas se adopten respetando al máximo la voluntad, las preferencias y los derechos de las personas.

Las asociaciones y las personas afectadas deben participar en las decisiones

En España, entidades como la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, junto con organizaciones territoriales, asociaciones de personas usuarias y colectivos de defensa de los derechos humanos, forman parte del tejido social vinculado a la atención y la reivindicación de derechos en salud mental.

Su participación resulta especialmente relevante para identificar dificultades de acceso, situaciones de discriminación, necesidades de apoyo y problemas que no siempre aparecen reflejados en las estadísticas sanitarias.

Sin embargo, la existencia de asociaciones o espacios consultivos no garantiza por sí misma que las personas afectadas tengan capacidad de decisión en todos los niveles del sistema.

La OMS reclama mecanismos que permitan participar desde las primeras fases de elaboración de las políticas hasta su aplicación y evaluación.

También recuerda que ninguna experiencia individual representa por sí sola a todas las personas con problemas de salud mental.

Por ello, los procesos participativos deben incorporar diferentes realidades, edades, situaciones socioeconómicas, discapacidades y necesidades de apoyo.

El principio es claro: las políticas públicas deben construirse con las personas a las que afectan, y no únicamente en su nombre.

Del compromiso institucional a los derechos efectivos

El Día Mundial de la Salud Mental 2026 plantea un desafío que afecta tanto a los organismos internacionales como a las administraciones españolas.

La OMS reclama abandonar progresivamente los modelos de atención basados en la institucionalización prolongada y avanzar hacia sistemas que permitan vivir en comunidad, recibir apoyos adecuados y participar en las decisiones.

España cuenta con una trayectoria de atención comunitaria, estrategias nacionales, legislación sobre autonomía y financiación pública destinada a mejorar los servicios.

El reto pendiente consiste en comprobar hasta qué punto estos instrumentos se traducen en recursos suficientes, accesibles y coordinados, independientemente del lugar de residencia o de las circunstancias personales.

La transformación de la salud mental no depende exclusivamente de construir nuevos dispositivos asistenciales. También requiere combatir el estigma, garantizar la vivienda y la inclusión laboral, fortalecer los servicios sociales y reconocer el conocimiento de quienes han experimentado directamente las dificultades del sistema.

La salud mental no es únicamente una cuestión sanitaria. Es también una cuestión de derechos humanos, igualdad, participación y justicia social.