El Gobierno informa de más de 11.000 regresos a Marruecos desde agosto, pero la acogida de menores, las personas que permanecen fuera de los centros y las diferencias entre administraciones mantienen abiertas varias cuestiones.
Miles de retornos, miles de personas aún en Ceuta: ¿se está resolviendo la crisis?
Ceuta atraviesa una nueva etapa de la crisis migratoria que ha marcado los últimos meses. Los desalojos de asentamientos y el regreso de miles de personas a Marruecos han cambiado la situación en distintos puntos de la ciudad autónoma. Sin embargo, las cifras disponibles y las necesidades de quienes todavía permanecen allí plantean una pregunta: ¿hasta qué punto se está resolviendo la emergencia?

Según los datos difundidos por el Gobierno el 8 de octubre, 11.026 personas han regresado de Ceuta a Marruecos desde el 10 de agosto. De ellas, 10.513 figuran como retornos voluntarios y 513 como expulsiones. Solo durante los nueve días anteriores al balance se registraron 2.783 regresos, coincidiendo con distintos operativos de desalojo de asentamientos.
Menos asentamientos, pero continúan las necesidades de acogida
La retirada de tiendas y estructuras improvisadas en las playas de Benítez y El Trampolín ha reducido la presencia visible de personas que dormían a la intemperie. Algunas han accedido a recursos de acogida y otras han regresado a Marruecos. No obstante, todavía hay migrantes que permanecen en barriadas, zonas de monte y otros espacios informales.
Las administraciones tampoco coinciden en el número de personas que siguen en Ceuta. Mientras el Gobierno central calcula que permanecen unas 9.000, el presidente de la ciudad autónoma ha situado la cifra en alrededor de 15.000.
Esta diferencia dificulta establecer con precisión cuántas plazas de alojamiento son necesarias y qué recursos deben destinarse a la atención sanitaria, la alimentación y la asistencia social.

La situación de los menores sigue siendo una prioridad
La protección de los niños y adolescentes que han llegado sin familiares adultos constituye otro de los principales desafíos. El Gobierno comunicó el 8 de octubre que 2.827 menores estaban incorporados al sistema de protección de Ceuta.
La identificación de posibles menores que todavía se encuentren fuera de ese sistema, su escolarización y el acceso a una atención adecuada son cuestiones fundamentales para evaluar la respuesta de las administraciones.
También persisten discrepancias sobre las condiciones en las que se han producido algunos regresos a Marruecos. Varias personas migrantes han denunciado que no pudieron decidir libremente si regresaban, mientras que el Ministerio del Interior sostiene que los retornos registrados como voluntarios se realizaron por decisión de los interesados.
Estas versiones ponen el foco en la necesidad de garantizar procedimientos individuales y el acceso a la protección internacional cuando corresponda.
¿Qué permitiría hablar de una mejora real?
El Gobierno ha reforzado los dispositivos de acogida y ha impulsado medidas extraordinarias de apoyo a Ceuta. La reducción de los asentamientos y la ampliación de recursos pueden contribuir a mejorar la situación, aunque por sí solas no permiten dar por terminada la crisis.
Para conocer su evolución será necesario analizar cuántas personas continúan sin alojamiento, qué atención reciben los menores, cómo se tramitan las solicitudes de protección internacional y si los retornos se realizan con las garantías legales correspondientes.
Ceuta afronta así un escenario en el que las cifras de salida representan solo una parte de la realidad. La evolución de la crisis no dependerá únicamente de cuántas personas regresen a Marruecos, sino también de las condiciones de vida de quienes permanecen en la ciudad y de la capacidad de las administraciones para responder a sus necesidades.
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