La presión antimigrante sacude Sudáfrica y obliga a revisar el acceso al asilo

Una decisión judicial en el centro de la polémica

El origen de la controversia se encuentra en una sentencia del Tribunal Constitucional sudafricano del pasado 7 de julio. La resolución establece que determinadas irregularidades administrativas, como haber cruzado la frontera sin autorización o incumplido algunos plazos, no pueden impedir por sí solas que una persona presente una solicitud de asilo.

Esto no significa que cualquier persona que llegue a Sudáfrica obtenga automáticamente la condición de refugiada. Significa que las autoridades deben permitir que se estudie su caso y comprobar si reúne los requisitos legales para recibir protección.

Para aplicar esa sentencia, el Departamento de Asuntos Internos emitió el 28 de septiembre instrucciones dirigidas a las oficinas encargadas de recibir las solicitudes. Sin embargo, apenas unos días después, el Gobierno ha decidido retirar esas instrucciones.

Protestas, violencia y dificultades en las oficinas de asilo

La medida se produce después de una jornada de disturbios en Soweto, en el área de Johannesburgo, y en Durban. Según las autoridades policiales, durante las protestas del jueves fueron incendiados 24 vehículos: diez en Soweto y catorce en Durban. También se registraron saqueos de establecimientos comerciales, algunos de ellos pertenecientes a ciudadanos extranjeros.

Las autoridades han reforzado la presencia policial y han informado de que la situación se ha estabilizado en las zonas afectadas.

El Departamento de Asuntos Internos sostiene que la aplicación de la directriz provocó una afluencia de solicitantes que desbordó la capacidad de las oficinas de acogida. También señala riesgos para la seguridad de los funcionarios y problemas de orden público como motivos para retirarla.

El Ejecutivo ha anunciado que buscará otro procedimiento que permita cumplir la sentencia constitucional sin comprometer el funcionamiento de los servicios.

Solicitar asilo no equivale a obtenerlo

Uno de los puntos centrales del debate es la diferencia entre presentar una solicitud de protección internacional y conseguir que sea aprobada.

El Gobierno ha advertido de que circulan informaciones incorrectas sobre el alcance de la sentencia. La resolución judicial no concede automáticamente residencia permanente, nacionalidad ni otros derechos migratorios a quienes se encuentren en situación irregular.

Las autoridades siguen teniendo la responsabilidad de examinar cada solicitud, verificar la identidad de los solicitantes y resolver conforme a la legislación vigente. También pueden aplicar los procedimientos legales correspondientes cuando una petición sea rechazada.

La cuestión pendiente es cómo podrán acceder al sistema quienes necesiten solicitar protección mientras se prepara una nueva instrucción administrativa.

Un debate que va más allá de la inmigración

Sudáfrica lleva meses registrando movilizaciones contrarias a la inmigración, en un contexto de desempleo elevado y preocupación por el acceso a los servicios públicos. Algunos grupos atribuyen a la población extranjera parte de esos problemas, aunque esas acusaciones generales no constituyen por sí mismas una explicación demostrada de sus causas.

El Gobierno debe afrontar al mismo tiempo las dificultades de gestión de sus oficinas, la prevención de nuevos incidentes y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

La retirada de la directriz no anula la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, el derecho de las personas solicitantes a que sus casos sean examinados sigue siendo una obligación para las autoridades sudafricanas.

La principal incógnita es qué procedimiento sustituirá al retirado y cuánto tiempo tardará en ponerse en marcha. De esa respuesta dependerá que las personas que buscan protección puedan acceder efectivamente al sistema de asilo, incluso en un escenario de tensión social.