Trinidad y Tobago pone fin a la penalización de las relaciones homosexuales consentidas

El Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres, resolvió por unanimidad que las disposiciones de la Ley de Delitos Sexuales de 1986 que criminalizaban determinadas relaciones íntimas consentidas entre adultos del mismo sexo son incompatibles con los derechos reconocidos en la Constitución de Trinidad y Tobago. La sentencia, dictada el 10 de noviembre de 2026, afecta a los artículos 13 y 16 de esa legislación.

El activista Jason Jones inició el procedimiento judicial en 2017 al considerar que estas normas vulneraban sus derechos fundamentales. El Tribunal Superior le dio la razón en 2018, pero una resolución posterior de apelación modificó parcialmente aquel fallo. El caso llegó finalmente al Consejo Privado, que actúa como última instancia judicial del país caribeño.

La vida privada como derecho fundamental

El tribunal determinó que las relaciones íntimas consentidas entre adultos forman parte del ámbito protegido por el derecho a la vida privada y familiar. Los jueces rechazaron que la antigüedad de las normas o su origen colonial justificaran mantener restricciones que afectan a la identidad y la dignidad personal. La resolución establece la incompatibilidad constitucional de las disposiciones cuestionadas, aunque queda pendiente concretar su modificación definitiva.

Jones celebró la decisión judicial y la presentó como un avance para los derechos civiles. También advirtió de que la sentencia no resuelve otras situaciones de discriminación que afectan a las personas LGTBIQ+. La Fiscalía General de Trinidad y Tobago había defendido la legislación durante el procedimiento, pero el tribunal rechazó los argumentos utilizados para justificar las restricciones.

La decisión se suma a otras resoluciones adoptadas en países del Caribe que han revisado leyes heredadas del periodo colonial británico. En varios Estados de la región todavía existen disposiciones que penalizan las relaciones homosexuales consentidas. El fallo de Trinidad y Tobago supone un cambio jurídico en la protección de la vida privada, aunque su aplicación concreta dependerá de la orden definitiva del tribunal.