La nueva norma exige autorización judicial y provoca protestas de organizaciones sociales.
Bélgica aprueba registros domiciliarios para ejecutar expulsiones de migrantes
El Parlamento dio luz verde a la medida durante la madrugada del viernes. La policía podrá entrar en determinadas viviendas, incluidas las de terceros que alojen a personas afectadas por una orden de expulsión. Amnistía Internacional y organizaciones jurídicas cuestionan las garantías previstas para proteger la vida privada.


El Parlamento de Bélgica aprobó el 6 de noviembre una reforma que permite realizar registros domiciliarios para localizar a determinadas personas extranjeras sujetas a órdenes de expulsión. La votación concluyó alrededor de las cinco de la madrugada, después de un debate parlamentario que se prolongó durante la noche.
La medida se dirige a personas cuya solicitud de asilo fue rechazada, que no han abandonado el país y que las autoridades consideran un riesgo para el orden público o la seguridad. Los agentes necesitarán autorización de un juez de instrucción y deberán actuar con funcionarios de inmigración.
La norma permite entrar en domicilios particulares, incluso cuando pertenecen a personas que alojan a los afectados. Los registros podrán realizarse entre las cinco de la mañana y las nueve de la noche, según el texto examinado por Amnistía Internacional.
El Gobierno del primer ministro Bart De Wever defiende la reforma como un instrumento para ejecutar decisiones de expulsión pendientes. Las organizaciones de derechos humanos advierten de posibles vulneraciones de la intimidad y de las garantías judiciales.
Unas 3.000 personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas, según Reuters. También se convocaron más de cincuenta acciones de protesta en distintas localidades del país.
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