La normativa permite tener hasta dos viviendas, elimina la confiscación por emigración e incorpora medidas de protección para personas mayores, familias vulnerables y ciudadanos con discapacidad.
Cuba aprueba una nueva Ley de Vivienda que amplía los derechos de propiedad y la protección social
La nación caribeña ha publicado la Ley 187 de la Vivienda, una reforma que actualiza las disposiciones sobre propiedad, acceso, conservación y transmisión de inmuebles. La normativa, que sustituye a la legislación general vigente desde 1988, entrará en vigor el próximo 21 de octubre y establece nuevas posibilidades para adquirir, transmitir y gestionar viviendas, junto con medidas destinadas a facilitar el acceso habitacional de determinados colectivos.


Entre las principales novedades figura el reconocimiento del derecho de las personas naturales a poseer hasta dos viviendas, además de una residencia de descanso o veraneo cuando esté debidamente reconocida como tal. La legislación también regula las operaciones de compraventa, donación, permuta, herencia y arrendamiento, al tiempo que incorpora nuevas modalidades de gestión inmobiliaria y cooperativas dedicadas a la construcción y conservación de inmuebles.
Otro cambio relevante afecta a los ciudadanos cubanos que residen fuera del país. La nueva regulación elimina la confiscación de viviendas por salida definitiva del territorio nacional, una disposición que modifica el tratamiento jurídico de estas propiedades. La medida adquiere especial importancia para las personas emigrantes y sus familias, al ofrecer un nuevo marco para la conservación y transmisión de sus derechos patrimoniales, sujeto a las condiciones legales correspondientes.
En el ámbito social, la ley incorpora principios de igualdad y no discriminación, incluyendo expresamente a las personas con discapacidad. También establece mecanismos de protección para personas mayores en situación de vulnerabilidad, familias sin recursos suficientes y ciudadanos que necesitan apoyo para acceder a una vivienda adecuada. Entre las medidas previstas figura la posibilidad de que las administraciones municipales financien total o parcialmente determinadas viviendas asignadas a personas en situación de vulnerabilidad.
La normativa contempla igualmente garantías para determinados convivientes que carezcan de otra residencia o medios para procurársela. Estas disposiciones buscan evitar que personas especialmente vulnerables pierdan su alojamiento sin que se tengan en cuenta sus circunstancias familiares y económicas. Asimismo, se incluyen modalidades habitacionales adaptadas a las necesidades de las personas mayores y medidas de rehabilitación de edificios, conservación de inmuebles y mejora de las condiciones de habitabilidad.
La entrada en vigor de la Ley 187 supone una actualización del marco jurídico de la vivienda en Cuba, donde el déficit habitacional supera las 800.000 unidades, según cifras oficiales recogidas por la Agencia EFE. Su aplicación permitirá conocer el alcance de las nuevas disposiciones sobre propiedad, accesibilidad y protección social, así como su contribución a mejorar las condiciones de vida de las familias y de las personas con mayores necesidades de apoyo.
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